Con cifras claras y un mensaje directo, María Méndez Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), presentó hoy su Informe Anual 2025 ante el Congreso del Estado de Yucatán: 140 quejas atendidas, 131 calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos y 284 hechos documentados.

Desde tribuna, la joven titular del organismo fue contundente: “La mayor amenaza a los derechos humanos es la indiferencia. La obligación de todas las personas dedicadas al servicio público es pasar del discurso a la acción”.

Entre los señalamientos más frecuentes destacan prestación indebida del servicio público (83 casos), detenciones arbitrarias (65), lesiones (52), amenazas o intimidación (25) y omisión de proteger la integridad personal (20). La diferencia entre quejas y hechos —precisó— responde a que un mismo expediente puede concentrar varias violaciones.

El informe identifica a 52 autoridades señaladas, con mayor recurrencia en la Secretaría de Seguridad Pública (44 casos) y la Fiscalía General del Estado (14). También figuran instancias educativas y ayuntamientos del interior del estado.

Uno de los focos rojos: nueve quejas relacionadas con la vulneración al derecho a la vida en cárceles municipales de Motul, Dzitás, Tzucacab y Dzan.

Durante 2025, la CODHEY realizó 54 audiencias de conciliación, logró acuerdos en 24 casos y emitió 16 recomendaciones dirigidas a 19 autoridades. Además, inició 11 expedientes de oficio por presuntos abusos de fuerza pública y fallecimientos en cárceles.

“El éxito no está en documentar las violaciones y acumular expedientes, sino en evitar que ocurran”, subrayó Méndez Correa, quien apuesta —dijo— por un enfoque de justicia restaurativa que priorice a víctimas y grupos históricamente discriminados.

Las cifras están sobre la mesa. El reto, ahora, es que no se queden ahí.

El informe completo lo lees en https://www.codhey.org/pagweb/documentos/informes/Informe2025.pdf .-CGO.