El 1 de septiembre pinta complicado para el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Y es que el Sindicato Progresista advierte que la actual magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés entregará a los nuevos magistrados un Poder Judicial a punto de colapsar, con pésimas condiciones laborales, falta de personal, una inhumana carga de trabajo en los juzgados de primera instancia, miles de expedientes rezagados, injustos pagos de sueldos y concluye acomodando a personas afines en cargos directivos que fueron creados durante su gestión.

Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del sindicato, precisó que durante los últimos tres años alzó la voz para defender los derechos laborales de la base trabajadora y mejorar el sistema judicial de la entidad, “pero lamentablemente esta administración finalizará con grandes pendientes y obstáculos”, asegura.

“El Sindicato Progresista ve con preocupación la gran carga de trabajo que está heredando la magistrada Canto Valdés a su sucesora Erika López Torres, ya que le entregará el próximo 1 de septiembre un sistema de justicia a punto de colapsar, además de que impera la sobreexplotación del personal jurisdiccional y administrativo”, señaló.

En rueda de prensa,  dijo que todos los días se escuchan quejas de los abogados litigantes así como de los usuarios, en la demora de trámites de sus asuntos, y todo esto se debe a la falta de personal en los juzgados, ya que los servidores públicos actuales no se dan abasto para atender todos los expedientes rezagados.

Además, hace falta notificadores en los Juzgados Primero y Segundo de Control, pues actualmente son sólo 8 para atender la carga de 9 Juzgados y cubrir las vacaciones, incapacidades, ausencias y permisos, incluso para Juzgados foráneos. Caso similar en la Central de Actuarios donde están nombrados 29 de ellos para 37 juzgados familiares, mercantiles y civiles.

“Estos servidores son los primeros en llegar, inclusive antes de su horario, y se van todos los días a las 9 o 10 de la noche, es decir, hacen una jornada de más de 12 horas sin pago de horas extras y sin apoyo de viáticos”, apuntó la lideresa, quien dijo que a pesar de esta situación y de que ni siquiera pueden ver a sus hijos, tienen bien puesta la camiseta y sacan su trabajo todos los días.

Otra preocupación y molestia de la base trabajadora es que consideran un insulto a la carrera judicial que ya van dos listas publicadas de empleados judiciales que concursaron para el puesto de Secretarios Auxiliares y, pese a que existen las vacantes en los juzgados, simplemente no los quieren contratar.

Además, recientemente se crearon las categorías de Asistente Legal, Asistente, de Servicios Generales, Ayudante de Archivo, Auxiliares Administrativos, entre otros, cuyos sueldos son bajos, pero los obligan a realizar las funciones de Técnico Judicial en los Juzgados sin pagarles el sueldo correspondiente.

De igual manera, externó que que a pesar de que en este año se entregaron más de 100 basificaciones en el Poder Judicial, éstas fueron negadas a trabajadores con carrera judicial. De hecho, las últimas definitividades del mes de mayo se distribuyeron principalmente por amiguismo, nepotismo o intereses políticos, pues incluso contrataron a personas cercanas a los directivos y se les otorgó la base con apenas dos meses de trabajo.

Por último, hizo hincapié en que hace falta personal en todos los juzgados de primera instancia en Yucatán y que, a pesar de que el Sindicato Progresista solicitó al Consejo de la Judicatura tomar medidas para contratar a más servidores públicos judiciales para mitigar la carga de trabajo, petición que fue ignorada.

En otro tema, Luisa Martín informó que el próximo sábado 30 de agosto encabezará la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Progresista, que tendrá como punto principal la aprobación del gremio para demandar formalmente el registro como el sindicato mayoritario del Poder Judicial.