Hace pocos días los veíamos a todos juntos, posando en fotos, sonrientes y felices, desde el Puerto de Altura y checando el avance del dragado para mejorar e innovar este espacio portuario, que traerá mejor economía al estado. Era el gobernador Joaquín Díaz Mena junto a empresarios yucatecos de distintas cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Claudia González. A 72 horas de la publicación de estas fotos, la relación cambió y el CCE exhorta ahora al Gobierno del Renacimiento Maya a que no aumente el Impuesto sobre la Nómina (ISN) que estaría previsto para el 1 de enero de 2026 y que el gobierno planea destinar para subsidiar al transporte público Va y Ven. Las y los empresarios hoy reunidos en Coparmex, aseguran que si este aumento es un hecho, no habrá crecimiento económico, ni aumentos de sueldos, ni protección al trabajo formal y se podrían producir despidos en las empresas. En este link podrás leer el comunicado de la CCE con todos los detalles, pasen y lean: 

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE YUCATÁN

Mérida, Yucatán, a 27 de noviembre de 2025.

Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos.

El objetivo de esta rueda de prensa es exponer, con claridad, responsabilidad y

fundamento sólido, la postura del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán frente al

incremento propuesto al Impuesto sobre la Nómina. Este tema ha generado legítima

preocupación en miles de empresas y en miles de familias que dependen del trabajo

formal.

Es importante dejarlo claro desde el inicio: este impuesto es un impuesto sobre el

empleo, ya que no grava utilidades; grava directamente el trabajo formal. Cada persona

contratada, cada salario pagado y cada nueva oportunidad laboral representa una

obligación adicional. Por eso, cuando se incrementa este impuesto, no se afecta a “las

empresas”; se afecta a quienes trabajan en ellas.

El sector empresarial se enteró de esta propuesta de manera tardía, apenas unas horas

antes de que el paquete fuera entregado al Congreso. No hubo mesas técnicas, ni análisis

conjunto, ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, que es el órgano

formal para discutir estos temas. Este proceso, que siempre había sido colaborativo en

años recientes, esta vez se tomó de manera unilateral y sin diálogo constructivo previo.

1Además, este impacto no recae de manera uniforme. Las empresas medianas y grandes

—que representan solo el 4% del padrón empresarial, pero generan el 66% del empleo

formal de todo el estado— serían las más afectadas. Ese 4% no son los que “más pueden

pagar”: son el motor que sostiene dos terceras partes del empleo formal en Yucatán. Si

ese motor se desacelera, se desacelera Yucatán.

En Yucatán, cerca de 440 mil personas laboran en la formalidad. Y para dimensionar el

impacto, incluso bajo el escenario más conservador —asumiendo que esos 440 mil

empleos perciben únicamente el salario mínimo—, hoy las empresas pagan alrededor de

$3.7 millones de pesos diarios por concepto de impuesto sobre el empleo, equivalentes,

en una perspectiva anual, a $1,343 millones.

Con el incremento del 12% al salario mínimo en 2026 y con la nueva tasa del 3.75%

aplicada sobre el 66% de los empleos formales, esa carga subiría a cerca de $4.8 millones

diarios, lo que representa $1,753 millones al año. Es decir: más de $1.1 millones

adicionales cada día y alrededor de $409 millones extra al año.

Y este cálculo es apenas una estimación mínima. La mayoría de los empleos formales

tienen salarios superiores al mínimo, por lo que el impacto real sería todavía mayor

cuando se consideren los sueldos verdaderos.

Para ponerlo en perspectiva: en 2025 el Estado proyectó $4,858 millones de pesos

provenientes del impuesto sobre el empleo. Este gravamen, por sí solo, representa el 72%

de toda la recaudación local propia.

Detrás de cada peso que se recauda están las empresas sosteniendo empleos, proyectos

de inversión y miles de familias que dependen del ingreso formal. Incrementar este

impuesto de esta manera encarece el empleo, debilita la competitividad y presiona

directamente la capacidad de crecimiento del estado.

Estas mayores cargas también pueden traducirse en ajustes a las estructuras de personal,

afectando la capacidad de las empresas para mantener su plantilla laboral en el mediano

plazo. Además, al encarecer el costo total del empleo, se limita el margen para mejorar

salarios y prestaciones, reduciendo el poder adquisitivo real de las y los trabajadores.

La justicia social no se construye encareciendo el empleo formal.

2Aumentar el costo del empleo formal en un momento de bajo crecimiento, menor

inversión privada y mayor incertidumbre económica internacional es una decisión

regresiva. Cada peso adicional destinado a este impuesto es un peso menos para

contratar, invertir, innovar o expandirse. Los estados más competitivos no encarecen la

formalidad; la fortalecen.

Tampoco es correcto sostener que “el 96% de las empresas no se verán afectadas”. El

impacto no se mide por número de empresas; se mide por número de empleos. Y este

incremento afecta directamente a las y los colaboradores de miles de negocios en el

estado, no a la informalidad, que no contribuye y que además podría verse incentivada

por decisiones como esta.

Como lo hemos expresado en múltiples ocasiones, esto no es un debate ideológico. Es un

análisis técnico sobre productividad, costos laborales, elasticidad del empleo y

competitividad regional. Subir este impuesto encarece la contratación formal sin generar

valor adicional para la economía.

Por todo lo anterior, expresamos nuestro rechazo al incremento del impuesto sobre el

empleo y hacemos un llamado respetuoso pero firme al Gobierno del Estado para abrir

un espacio de diálogo real, con sustento técnico, con alternativas y con visión de largo

plazo.

El sector empresarial de Yucatán no es adversario del desarrollo social; es aliado.

Queremos un mejor sistema de transporte, mejor infraestructura y mejores

oportunidades para todas y todos. Lo que no compartimos es que se busque financiar

estos objetivos recargando el financiamiento en el empleo formal, sin evaluar opciones

más justas, modernas y sostenibles.

Asimismo, invitamos a las diputadas y los diputados del Congreso del Estado a analizar

esta decisión con rigor, responsabilidad y visión de futuro, y a no aprobar este

incremento, por el impacto que tendría en el empleo formal, la competitividad y el

desarrollo económico de Yucatán.

El sector empresarial está listo para dialogar, para construir y para aportar soluciones. Lo

que pedimos es sencillo: decisiones responsables que protejan el empleo formal,

impulsen la inversión y aseguren el desarrollo económico sostenible de nuestro estado.

Muchas gracias.