En zonas de las comunidades de Cuncunul, Ebtún, Tekom, Dzinup, Chichimilá y parte de Valladolid procedió una demanda de amparo de la Asamblea Múuch’ Xíinbal y la justicia federal frenó la implementación de un parques solar. Esperan reacción de las empresas involucradas y la audiencia constitucional. Aquí los activistas te cuentan cómo procedió el caso:

La demanda de amparo procedió, el juez del Quinto Distrito dictó sentencia y el proyecto fotovoltaico de las empresas Ligthting Park e Inco Solar que se llevaría al cabo en distintas zonas del interior del Estado, fue suspendido en forma definitiva. “Todavía no es una victoria, pero ahí vamos”, dicen los integrantes de la Asamblea Defensora del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.

Como informamos, los integrantes de esta asamblea que aseguran no tener gobernantes -“Somos una organización de voluntades”, remarcan- están categóricamente en contra de la deforestación, el daño general al medio ambiente y la falta de consulta ciudadana que producen las empresas que se instalaron –desde 2016, informan- en distintas comunidades del oriente del Estado para construir este parque solar.

Por eso, en enero pasado, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interpusieron una demanda de amparo que, en días pasados, procedió. Esto significa que las empresas Lighting Park e Inco Solar deberán suspender sus actividades en las zonas de Ebtún, Cuncunul, Tekom, Dzinup, Chichimilá y parte de Valladolid, donde se preveía el desmonte de 210 hectáreas de árboles para construir los parques solares.

“No estamos en contra del progreso, lo que no queremos es que nos engañen”, remarcó el joven Gregorio Hau, uno de los demandantes.

Y es que los integrantes de la asamblea aseguran que estas empresas se acercan a las comunidades, les prometen beneficios, recursos, trabajo o infraestructura para las poblaciones a fin de obtener su consentimiento a través de asambleas “ficticias”. Nada de esto existen, aseguran los integrantes de Múuch´ Xíinbal.

“No estamos peleados con el progreso, estamos en contra de cómo quieren implementarlo en nuestras comunidades. Queremos que se hagan estudios del impacto ambiental que tiene este proyecto en nuestro entorno”, enfatizó el abogado Flavio Ayuso, quien lleva legalmente el caso.

Por su parte Candelaria May, directora de una escuela de Valladolid y activista, señaló que los empresarios usan el miedo como recurso para persuadir a la gente de las comunidades para que den su asentimiento a la creación del parque fotovoltaico.

“Hicieron consultas cuando las personas no podían participar o si estaban en contra los hacían sentir que no eran bienvenidos. Asimismo, al alcalde Enrique Ayora de Valladolid le manifestamos esta situación en enero pasado y nunca nos dio respuesta al tema”, detalló Candelaria. También señaló que el INAH guardó silencio al respecto.

¿Qué pasará ahora? El abogado Ayuso aseguró que las empresas, al estar impedidas judicialmente de operar, intentarán desligitimizar la decisión del juez. “Todavía no es una victoria, esperaremos la audiencia constitucional”, concluyó el abogado.- CGO.