“Para que nunca más un agresor, deudor o violador esté en un cargo público”
La iniciativa de ley “3 de 3” Nos concierne a todas y todos. Porque si es aprobada por el Congreso de Yucatán, nuestro estado sería pionero en desterrar de un cargo público por elección o designación a alguien que, como dice la Constitución, debe llevar “un modo de vida honesto”. Hoy, Patricia Olamendi y las activistas de Amisy nos cuentan cómo avanza este tema entre las y los legisladores:
Si lo piensas dos segundos, te das cuenta que es una de las cosas más racionales que existen: Si alguien está interesado en hacer carrera política y meterse a un cargo público, debe tener un historial de vida “honesto”. Si no es el caso, que no busque el cargo porque no es bienvenido a la vida democrática ni al trabajo público.
Esto significa que, en el marco jurídico de responsabilidades, si quieres ser servidor público (por elección o designación), no debes tener ningún antecedente de denuncia o sentencia por abuso o violencia de género, adeudo de pensión alimentaria o violencia política. Y lo de “ vida honesta” no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto que te acabo de mencionar forma parte de la iniciativa de ley “3 de 3”, que fue presentada en el Congreso de Yucatán el pasado 25 de noviembre por la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) y avalada por Patricia Olamendi Torres, una mexicana con un amplio historial en derecho, derechos humanos, igualdad, prevención de la violencia de género y activismo de toda la vida.
Yucatán sería el primer estado del país que contaría con la Ley 3 de 3, que tiene como premisa limpiar de violencia el poder en nuestro estado. Las mujeres activistas de Amisy esperaban que para el 8 de marzo pasado la iniciativa fuera ley, sin embargo, el tema va más lento de lo que esperábamos. “Se le movieron muchas comas a la iniciativa”, explica Patricia Olamendi, quien se reunió con los legisladores yucatecos y no pierde la esperanza de que la ley sea una realidad pronto.
Mientras tanto, las mujeres de Amisy no paran. Porque son conscientes de que una iniciativa de ley de este tipo necesita llegar a la sociedad en general, a los trabajadores, a los estudiantes, personal de salud, docentes… A todas y todos. Por eso dan pláticas en distintos lugares y comunidades para concientizar sobre la 3 de 3. “La sociedad es quien debe acercarse más para promover este tipo de leyes porque nos conciernen a todos”, menciona María Eugenia Núñez, integrante de Amisy.
Como dice la Constitución, las y los mexicanos deben tener “modo honesto de vivir”. Por eso, si alguien aspira a un cargo público, no puede bajo ningún punto de vista ser abusador, violento, deudor de pensión alimenticia o corrupto. Los mismos partidos políticos deberán analizar a quiénes postulan o las instituciones a quiénes pretenden nombrar antes de que tomen los cargos o se presenten en elecciones. La ley 3 de 3 busca, como dice Patricia, “Desterrar para siempre a los que cometen delitos para que nunca más un agresor, un deudor o un violador esté en un cargo público”.
Hoy, las activistas de Amisy nos reunieron para contarnos que la iniciativa de ley va por buen camino en el Congreso de Yucatán, que están informando a distintos grupos de la sociedad sobre la ley y que esperan que los legisladores la aprueben en este periodo legislativo.
“Yucatán será el primer estado del país que vaya con esta ley y eso es un referente nacional. No queremos que esta gente busque un cargo porque no son bienvenidos a la vida democrática ni al trabajo público”, concluyó Patricia.- Cecilia García Olivieri.