Esta historia que vas a leer se repite, pero ahora pinta que los resultados serán a favor de la gente. Y es que personas de 20 comunidades de Yucatán volvieron a presentar una denuncia popular ante autoridades federales porque padecen la contaminación de provocan las granjas porcícolas en el estado. Y aunque este ejercicio ya se hizo en 2020, no hubieron acciones legales. Y ahora la denuncia popular regresa pero con más estudios, pruebas, fundamentos, análisis y exigiendo acciones penales y reparación del daño por parte de las empresas porcícolas. Y esperan acciones rápidas y contundentes a favor de la gente y el medio ambiente: 

Vivir con el olor a podrido que se metió “hasta en las paredes”. Estar en contacto con agua que debería ser potable, pero en realidad contiene contaminación fecal de cerdo, que enferma a grandes y chicos y claro, deforestación y contaminación del manto freático, entre otras cosas.

Así es vivir cerca de una granja porcícola para personas de 20 localidades de municipios como Cantamayec, Chocholá, Hunucmá, Kinchi, Maxcanú, Mérida y Teabo, entre otros. Y lo denunciaron en 2020 y lo vuelven a denunciar ahora ante autoridades federales, pero con más pruebas, datos, estudios y exigiendo acciones penales y que se repare el daño. 

Y así lo anunciaron hoy integrantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja’o’on (Somos agua) porque, a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió a la denuncia popular de 2020 exponiendo a numerosas granjas porcícolas ilegales, deforestación sin autorización y contaminación del agua y suelo que incluso el Gobierno Federal reconoció, nunca se tomaron acciones legales contra estas empresas porcícolas y siguen funcionando sin pena ni gloria. 

Por eso ahora, ante Semanart, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del agua (Conagua), la denuncia ciudadana y popular resurge como el Ave Fénix, pero con nuevas e irrefutables evidencias para que las granjas porcícolas (hay más de 500 en el estado) sean obligadas a la reparación integral de los daños ocasionados y también que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga por la responsabilidad penal de estas empresas porcícolas ante posibles delitos ambientales. 

Así lo detalló hoy la abogada y representante legal de la red Lourdes Medina Carrillo, quien también detalló que tienen completamente identificadas a las granjas que contaminan y que exigen que no surjan nuevas ni se amplíen (explicaron que en este primer año de la administración de Gobierno del Renacimiento Maya que preside Joaquín Díaz Mena no han surgido ni se ampliado nuevas granjas de este tipo). 

Las y los integrantes de la  Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja’o’on también le piden a Alicia Bárcena, titular de la Semarnat) que cumpla el compromiso que hizo en Yucatán en marzo pasado en un encuentro con representantes de comunidades afectadas por las megagranjas, cuando dijo que estas empresas operan al margen de la ley ambiental y manifestó su disposición de actuar.-CGO.