Columna / Por Paul Antoine Matos

Margarita Torres Sansores presume de ser maya, pero se parece más a los antiguos hacendados que eran dueños de los mayas y los obligaban a trabajar en un sistema legal que permitía una esclavitud disfrazada.

La autodenominada “gobernadora del pueblo maya de Yucatán” está cometiendo apropiación cultural y un acto sin sustento jurídico al colocarse como supuesta representante de los mayas en la entidad, pues su cargo no lo obtuvo a través de un proceso de consulta indígena, ni con los marcos legales de las comunidades indígenas, ni a nivel estatal, nacional e internacional.

Para Carlos Escoffié Duarte, abogado especializado en Derechos Humanos y del pueblo indígena, Margarita Torres ejerció “un acto de desprecio a los procesos de las comunidades indígenas” al autonombrarse “gobernadora maya” en Yucatán. Además, indicó que su autodenominación no cumple con marcos legales de las constituciones mexicanas y yucatecas, así como tratados internacionales.

Los artículos segundos de la Constitución Mexicana y la Yucateca, así como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación, es decir su capacidad de decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultura.

Margarita Torres omitió esas leyes y se apropió de la cultura maya, de un millón de mayas en Yucatán, como si fuese la dueña de ellos.

Y va “en contra de mecanismos de organización propios de pueblos y comunidades mayas, que no están centralizados, no están conglomerados en estructuras de carácter occidental como la idea de un gobernador”, añade el abogado.

Los pueblos mayas en Yucatán son eso: muchos pueblos. No es uno solo, uniforme, encabezado por una única persona. Aunque los une la misma historia y la misma cosmogonía, son distintos en sus maneras de ser representados y de vivir. Hay mucha diferencia, hasta en la lengua, entre el pueblo maya de Tekax y el de Valladolid y el de Mérida.

A nivel peninsular los mayas también son distintos pueblos. Y en el sureste mexicano. Y en Centroamérica.

Los muchos pueblos mayas de Yucatán no le pertenecen a una persona. Una persona no decide por ellos. No son esclavos, ni objetos del capricho de otras personas que se quieren apropiar de ellos.

Tienen el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. El Estado tiene la obligación de consultarlos, en forma y bajo un correcto proceso jurídico.

Por muy indígena que Margarita Torres se considere a sí misma –a través de la mezcla entre razas y la vergüenza que provoca el racismo, los apellidos mayas se pierden– el hecho de reconocerse como “gobernadora maya” es un acto discriminatorio y de apropiación.

Daniela Reina Serrano Alonso, presidenta de Cuatlahxahue, y miembro de la Alianza Mexicana Indígena de Grupos  y Organizaciones Sociales (AMIGOS) en la Ciudad de México, declara que a lo largo del país hay “pseudo indígenas” que se provechan del artículo 2 de la Constitución Mexicana, relacionado a la autoadscripción indígena.

Cuando ocurre eso “daña porque cualquier persona no indígena puede decirlo, entonces al tomar representatividad de los indígenas se favorece a una explotación”, advierte. “Cuando el indígena real no tiene el conocimiento ni el alcance para las políticas públicas, es desplazado”.

En su experiencia, en la Ciudad de México, ha ocurrido que esos pseudo líderes indígenas se aprovechan de las comunidades para abrir espacio a la política y controlar a las personas, provocando la división y conflictos al interior de las mismas.

Durante la “toma de protesta” que armó para asumir el supuesto cargo, Torres Sansores fue opaca con respecto al proceso de elección. Lo único que dijo fue que se convocaron a reuniones en 55 municipios en donde ella salió “electa” junto a los representantes de esas 55 localidades.

Los que la acompañan presentan como “gobierno autónomo”, pero trabajando con las autoridades locales, estatales y federales.

Un verdadero ejemplo de gobierno indigenista autónomo es el creado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el que su idea “supone una vida comunitaria en la que la democracia no sólo se refiere a elección de autoridades que son gobierno, sino que es un ejercicio permanente vinculado a la práctica cotidiana de los responsables de todos los cargos que la comunidad necesita para organizarse, para producir y reproducirse como pueblos indígenas, como seres humanos”.

En las asambleas comunitarias zapatista “el procedimiento de elección de las autoridades autónomas es un ejercicio colectivo que permite examinarse entre sí, a los propios habitantes de los pueblos”.

En Yucatán casi la mitad de los dos millones de habitantes se identifican como mayas. ¿Cómo alguien puede autonombrarse la “gobernadora” de un millón de personas, sin ningún proceso comunitario o jurídico verdadero en los 106 municipios de la entidad?

¿Acaso Margarita Torres se dejó examinar por los mayas de Yucatán?

“El nombramiento de autoridades indígenas no puede venir del exterior, no ser adoptado desde el Estado, sino las propias comunidades mediante derecho interno, mecanismos de organización y elección de autoridades eligen”, expresa Escoffié Duarte.

“La idea de un gobernador general indígena, a nivel nacional o estatal, es contrario a la Constitución y al derecho indígena de cada comunidad y cada pueblo”, declara.

En ese evento, ella declaró a la prensa que “no ando buscando un cargo público como ellos”, sin embargo sí intentó contender por la gubernatura de manera independiente en 2018, cuando se lanzó como precandidata, pero no pasó el filtro establecido por las autoridades electorales.

El cargo creado para Torres Sansores se presta para actuar contra la voluntad de los pueblos indígenas de Yucatán, frente a los proyectos que se visualizan en la entidad durante los próximos años.

Apenas este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una consulta con manos alzadas a pobladores del Istmo de Tehuantepec para los proyectos de desarrollo que propone en su sexenio. Dicha consulta no cuenta con sustento jurídico alguno para ser considerada como legal.

Según los medios, durante la toma de protesta de Torres Sansores se destacó la Cuarta Transformación, el proyecto de López Obrador para México. Parte de ese proyecto incluye el Tren Maya, criticado por organizaciones indígenas reconocidas al temer que dañe el medio ambiente y devaste sus comunidades con el establecimiento de desarrollos turísticos  en la península de Yucatán.

Escoffié Duarte afirma que “preocupa muchísimo que el nombramiento lo utilicen para barnizar con legitimidad indígena distintos proyectos que se piensan en la península”.

“Desde esta lógica se puede advertir, o pareciera, que hay una mala intención de utilizar a esta persona y este falso nombramiento, para poner legitimidad a los diversos proyectos de los que se sabe las comunidades mayas se oponen o reciben con total desconfianza”.

Margarita Torres, la falsa “gobernadora maya”, quiere controlar a los mayas en Yucatán, como si fuese su dueña y ellos peones.