Garantizar los derechos de las personas LGBT+ de Yucatán es la premisa de la demanda de amparo que dos asociaciones interpusieron el pasado 10 de febrero ante el Juzado N° 5 y en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso Yucatán. Piden que se destine parte del presupuesto de egresos del estado a la comunidad LGBT y nos cuentan porqué:

El hecho es histórico en Yucatán, aunque en algunos estados ya es una realidad. El 10 de febrero pasado, el Colectivo por la Protección de todas las Familias de Yucatán y la organización de la sociedad civil Amicus interpusieron una demanda de amparo indirecto (226/2023) en el Juzgado de Distrito N° 5 contra el gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso de Yucatán por la ausencia de una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBT+ en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.

Las y los demandantes explican que esta partida presupuestal (que hoy no existe), debería destinarse para crear políticas públicas que atiendan, restituyan y garanticen los derechos de las personas LGBT+ en Yucatán.

“La población LGBT en Yucatán es vulnerable y recibe un impacto diferenciado, por eso son necesarias estas políticas públicas de atención para garantizar sus derechos. Si no existen, es violencia institucional porque nos invisibiliza y vulnera”, recalcan.

Juan Pablo Delgado, representante de Amicus (organización civil basada en León, Guanajuato, que defiende y promociona los derechos de las personas LGBT+ en el país) nos explica que su estado interpuso la misma demanda de amparo en 2022, la ganaron y este año el gobierno de Guanajuato cuenta con una partida presupuestal de 13 MDP para la comunidad LGBT+ de ese estado.

Por su parte, César Briceño y Alex Orué, integrantes del Colectivo por la Protección de las Familias en Yucatán, nos explican que un presupuesto en Yucatán pondría en acción el Centro para Prevenir la Discriminación (perteneciente a la Secretaría General de Gobierno), crearía fiscalías especializadas y capacitadas en derechos humanos de la comunidad LGBT+ y activaría políticas públicas de prevención y sensibilización para brindar atención integral, entre otras acciones.

En tres o cuatro meses estaría la resolución de la demanda de amparo. Les mantenemos informades.- CGO.

(En las imágenes, César Briceño, Juan Pablo Delgado y Alex Orué).