Cuando una ley es promulgada, debería cumplirse y ya, de eso no hay duda. Sin embargo, hay siempre tristísimas excepciones a la regla.

Como sabes, en Yucatán ya existe la ley “Iniciativa Ciudadana 3 de 3 contra la Violencia”, que exige que nadie pueda ser servidor público si tiene antecedentes de violencia de género, es deudor de alimentos o ejerce o ha ejercido violencia sexual.

Sin embargo, el juez Luis Armando Mendoza Casanova podría ser nombrado Consejero de la Judicatura y esto iría en contra de la “3 de 3” ¿Por qué? Porque este ciudadano tiene antecedentes de violencia familiar comprobados por la ley.

Por eso, activistas integrantes de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) –promulgadoras de la iniciativa 3 de 3-  y de la Observatoria MX presentaron ayer un documento al Poder Judicial, Congreso Yucatán, al gobernador Mauricio Vila y a la Secretaría General de Gobierno para que revean este nombramiento y cumplan la ley.

“Queremos limpiar el poder de violentos y lo vamos a hacer. Esto es para decirles que tengan mucho cuidado con sus postulaciones porque no se lo vamos a permitir y la ciudadanía lo tiene que saber”, expresó la activista Sandra Peniche Quintal. Por su parte, María Eugenia Núñez Zapata exhortó a los magistrados “A que busquen el espíritu de la ley, busquen lo que la sociedad espera de la 3 de 3 y nosotras vigilaremos que se aplique”.

La ley la podemos hacer valer todas y todos.- CGO.