El gobernador Mauricio Vila Dosal pidió a la directora del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), María Isabel Rodríguez Heredia y a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, integrar un comité de expertos locales y nacionales que solucione el déficit que causa actualmente el instituto y ante una inminente quiebra si no se encuentra el mejor camino pronto

Luego de Olga Rosas Moya, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), afirmara que de mantenerse la actual situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), la dependencia se encamina a una inminente desaparición, el gobernador Mauricio Vila Dosal instruyó a la funcionaria y a la directora del mencionado Instituto, María Isabel Rodríguez Heredia, para conformar un Comité de Expertos -integrado por los mejores especialistas yucatecos y nacionales- que propongan las mejores opciones para hacer lo que sea necesario y darle un solución a este tema.

Vila Dosal pidió a ambas funcionarias conformar lo más pronto posible el Comité de Expertos ya que, de mantenerse la actual situación del Instituto, no habrá dinero para pagar las pensiones a los yucatecos ante la inminente quiebra, además que, ante este hecho, las finanzas estales podrían quebrar y perjudicar otras áreas del Gobierno, como las destinadas a seguridad, salud y educación, entre otras.

Cabe señalar que, de acuerdo con la SAF, en el país sólo hay dos estados -Yucatán y Nayarit- que no han reformado su sistema de pensiones. El de Yucatán ya tiene 46 años y el de Nayarit ya quebró. Adicional a eso, administraciones pasadas usaron al instituto como caja chica y “patearon la lata” para no reformar el sistema que está próximo a desaparecer y pone en riesgo a las finanzas públicas estatales.

Bajo las condiciones actuales y con base en los estudios que se han hecho hasta el momento, se proyecta una suficiencia del Isstey hasta el 2026, asumiendo que se apliquen al déficit todos los recursos financieros y se moneticen todos sus activos, esto dependiendo también de que exista una parte que quiera comprarlos.

Esta necesidad implica que para el 2027 el estado tendrá que asignar recursos presupuestales por 1,100 millones de pesos. Todos los recursos que se destinan al Isstey de las finanzas públicas son recursos que pudieron ser encauzados a otras áreas, como salud, seguridad o educación.

Tan solo en 2022, precisa la dependencia, el Isstey requiere de una inyección de más de 350 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado para poder subsistir, en la ya larga agonía que implica la aportación de recursos especiales de las finanzas públicas a este organismo. Para 2023, esa cantidad ascenderá a más de 648 millones de pesos; en 2024, será de más de 723 millones de pesos; en 2025, rebasará los 829 millones de pesos; y en 2026 superará los 1,000 millones de pesos.

Con base en el reporte de la SAF, el Isstey ha tenido déficit desde hace varios años, es decir, que el costo de las pensiones y servicios que presta es mayor a los ingresos por cuotas y otros ingresos. Dicho déficit se ha ido cubriendo con las reservas y activos del Isstey, que se agotarán en 2026.

Vale la pena mencionar que, la actual administración estatal ha pagado de manera puntual sus cuotas y no existe adeudo alguno de ninguna dependencia y desde el inicio de la presente gestión se pusieron las denuncias correspondientes contra quienes afectaron las finanzas y pusieron en riesgo el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

De igual forma, hay que señalar que el Gobierno del Estado evitó una carga monetaria al erario yucateco al frenar el pago de pensiones de 10 exfuncionarios estatales por encontrar inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración estatal pasada. Dichas pensiones fueron canceladas, por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad, que van de los 46 mil pesos mensuales a los 19 mil pesos.

Ninguno de los 10 exfuncionarios tenía derecho a pensión, por no satisfacer los requisitos y no cumplir con las formalidades legales para su otorgamiento.

Por tal motivo, la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la ley, y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del Gobierno estatal anterior que evidentemente fueron concedidas de manera unilateral. Esta acción evitó un gasto de más de $4.3 millones de pesos anuales de recursos públicos.

Asimismo, la presente administración, desde comenzó en octubre de 2018, en cumplimiento con las políticas de austeridad propuestas, ha llevado al cabo acciones que han contribuido en reducir considerablemente el gasto en el Isstey que no sea para los fines que fue creado, es decir, para el pago de pensiones y prestaciones a sus derechohabientes.

Por ejemplo, se eliminaron lujos y gastos innecesarios, como automóviles con chofer, líneas de celular, eventos que no contribuyen al logro de los objetivos de la institución. Todo esto con el objetivo de eficientar las operaciones con el personal estrictamente necesario, y la fusión de centros de costos para optimizar recursos, sin poner en riesgo la calidad en el servicio otorgado.