Columna: De aquí para allá
Por Roberto Acevedo Acosta

Un problema que arrastramos en México es el alto nivel de desconfianza que tenemos hacía muchas cosas, sobre todo al trabajo de las autoridades.

Son en casi todos los ámbitos del servicio público: federal, estatal y municipal que, en términos generales, son señalados como faltos de confianza, ya sea por corrupción o por falta de capacidad a la hora de realizar sus deberes.

Tal vez esa es la razón que en sus primeros meses de gobierno el presidente López Obrador no ha quitado el dedo del renglón sobre el tema. Al grado que ha señalado diversas anomalías en diferentes programas o instituciones.

El presidente es tajante y no concede ningún espacio con los programas y se va al extremo de cerrarlos, como fue el caso de las guarderías y los centros de protección para mujeres victimas de violencia, que si bien es cierto eran operados por particulares o ONG’S, su financiamiento y subsistencia corría a cargo del Estado Mexicano.

El Presidente argumenta que en su operación hubo excesos y corrupción, y sin duda los hubo. Pero entonces el Ejecutivo se sube al púlpito y desde ahí la vara no hace distinciones y pagan justos por pecadores.

Esta decisión que pudiera ser justificada, va acompañada de una fuerte dosis de desconfianza y la mejor manera de subsanarla es cambiar las “reglas de operación”.

Ahora los recursos se van directamente a la gente. En un mundo perfecto la idea no es mala, pero los mexicanos ya hemos probado en muchas ocasiones lo que es dar recursos de esta manera.

Quien no recuerda el programa de Procampo, que fue creado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1993 y tenía la intención de otorgar subsidios a los agricultores mexicanos, por lo cual los recursos se iban directos a los campesinos.

Al pasar el tiempo empezaron a surgir las anomalías entre las cuales destacaban que quienes recibían directamente el “apoyo” no eran campesinos sino gente que por medio de la corrupción estaban en la lista de beneficiados.

Y peor aún, al momento de recibir el dinero, lejos de reinvertirlos en recursos para mejorar su actividad agrícola, lo derrochaban en gastos que no tenían nada que ver con el campo como la compra de vehículos ostentosos y la ingesta de alcohol.

Así como este ejemplo abundan muchos en la historia de los programas de asistencia en México y ahí que tiene sentido la desconfianza del presidente, pero al mismo tiempo López Obrador peca de confiado al pensar que al otorgar el recurso directamente a la gente será bien empleado.

Creo que aquí es donde se da la conyuntura para que instituciones fuertes con reglas claras sean las encargadas de supervisar el destino del dinero de los mexicanos a través de los programas de asistencia social.

Aún está a tiempo el presidente de reconsiderar el cierre de las guarderías y centros de apoyo a las mujeres victimas de violencia y ofrecer una profunda revisión de su operación para que sean dignas de confianza sin necesidad de cambiar el sentido básico de que sean operadas por particulares y ONG’s.

No hay que dejar pasar que el surgimiento de estos programas sociales se dio por la falta de capacidad del Estado Mexicano de cubrir la demanda de guarderías y centros de apoyo.

De ahí que recular, por parte del presidente, le daría una imagen de ser sensible ante problemáticas complejas, algo que ni sus más fuertes detractores le podrían cuestionar.

(La foto es de PNUD México).

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