Unidos y en pro del cuidado del ambiente que habitan, cuatro regiones de comunidades mayas de Yucatán obtuvieron una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1111/2026, mediante la cual una Jueza Federal ordenó a las autoridades ambientales realizar inspecciones, supervisiones y visitas técnicas a granjas porcícolas señaladas por presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud de las comunidades.

El amparo fue promovido por habitantes de Kinchil, San Rafael, Santa Teresa Coahuila y Paraiso (Maxcanú), Chocholá y Santa María Chi (Mérida), quienes impugnaron el Convenio Específico de Coordinación firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). Este convenio está relacionado con la evaluación del impacto ambiental de las granjas porcícolas.

Entre los actos reclamados se encuentra la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, así como las omisiones de las autoridades para investigar y atender las denuncias ambientales presentadas por las comunidades. 

Como parte de la resolución, la Jueza concedió la suspensión definitiva para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen inspecciones y supervisiones sobre la instalación y funcionamiento de las granjas porcícolas ubicadas en las comunidades afectadas, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental y, en caso de detectar irregularidades, ejerzan todas las facultades legales para proteger el medio ambiente y la salud de la población. Asimismo, deberán informar al Juzgado, las acciones realizadas y las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan. 

Las comunidades sostienen que el convenio impugnado tiene efectos directos sobre sus territorios y sus derechos, por lo que debió realizarse un proceso de consulta indígena conforme a los estándares nacionales e internacionales. Además, denuncian que, pese a las múltiples quejas presentadas por posibles afectaciones derivadas de la operación de granjas porcícolas, las autoridades competentes no han realizado de manera oportuna las inspecciones ni han aplicado las medidas correctivas o sancionatorias previstas en la legislación ambiental.  

Este proceso jurídico cuenta con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuyos abogados representan legalmente a las comunidades promoventes del amparo.

Las comunidades reiteran que esta resolución constituye un avance importante para la protección de sus derechos al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la participación en las decisiones públicas que pueden afectar sus territorios.