Ante la solicitud del Gobierno del Estado para contratar un empréstito por 1,561 millones de pesos para el Plan Bienestar Metropolitano, los diputados de Movimiento Ciudadano Javier Osante Solís y Larissa Acosta Escalante, dejaron clara su postura: antes de decidir su voto, es indispensable conocer con precisión en qué se gastará cada peso, cómo se ejercerá y qué beneficios concretos tendrá para las familias yucatecas. Aquí te comparto el documento que enviaron luego de reunirse ayer con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Como parte del análisis de la propuesta, ambos legisladores sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador, quien les explicó la distribución prevista de los recursos y los proyectos que se pretenden atender mediante este financiamiento.

Para los diputados de Movimiento Ciudadano, escuchar los planteamientos del Ejecutivo es parte de un ejercicio responsable, pero también lo es preguntar, revisar y exigir cuentas antes de autorizar una deuda que finalmente será pagada con recursos públicos.

“No se trata de estar a favor o en contra de una deuda por anticipado. Se trata de saber para qué se pide, cómo se va a utilizar y, sobre todo, si realmente va a resolver los problemas que todos los días enfrentan las familias yucatecas”, señalaron.

Uno de los temas prioritarios es el agua potable. Desde el pasado 25 de mayo, la diputada Larissa Acosta presentó formalmente una solicitud de información para conocer qué obras e inversiones se contemplan para atender las deficiencias del servicio en Mérida.

La exigencia es concreta: saber si los recursos destinados a este rubro permitirán mejorar realmente el abasto y la presión del agua en las viviendas de Mérida y sus comisarías.

Este reclamo no surge desde un escritorio. Larissa Acosta ha acompañado a habitantes de distintas colonias y fraccionamientos que enfrentan problemas con el suministro e incluso ha promovido acciones legales para exigir un servicio digno.

Agua, movilidad y seguridad: prioridades que sí deben sentirse en las calles.

Javier Osante y Larissa Acosta señalaron que la revisión del empréstito también deberá considerar otros problemas que afectan directamente la vida cotidiana de las personas, como la movilidad y la seguridad.

“Vamos a revisar detalladamente cada rubro. Si se pretende que Yucatán asuma una deuda de 1,561 millones de pesos, cada peso tiene que estar plenamente justificado y traducirse en resultados que la gente pueda ver y sentir: agua en sus casas, transporte digno y calles y comunidades más seguras”, afirmaron.

En materia de movilidad, la Bancada Naranja ha propuesto modificar la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán para avanzar hacia paraderos dignos, con infraestructura que incluya asientos, techo, iluminación y condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente el transporte público.

En seguridad, Javier Osante ha planteado la creación de un Fondo para la Paz, una estrategia para destinar recursos al fortalecimiento de la seguridad pública, la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social en los municipios.

Los legisladores reiteraron que el endeudamiento público no puede aprobarse a ciegas.

Por ello, esperarán la entrega formal de la documentación al Congreso del Estado para revisar los aspectos técnicos, financieros y de ejecución de la propuesta.

“Nuestra responsabilidad no es quedar bien con un gobierno ni rechazar por rechazar. Nuestra responsabilidad es cuidar el dinero de las y los yucatecos y asegurarnos de que cualquier deuda que se contrate tenga transparencia, resultados y un beneficio real para la gente”, concluyeron.