«Para garantizar una vida libre de violencias y discriminación, es urgente fortalecer la política pública con recursos suficientes, acciones sostenidas, transparencia y el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado», gritan, cantan y bailan las activistas del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán. Vestidas con colores psicodélicos, texturas jipitecas y símbolos de la paz, estas mujeres afirman que regresamos a los años 70’s y bailaron al ritmo de dos rolas claves: «Stayin’ alive» de Bee Gees (porque a pesar de todo, siguen vivas) y «De reversa, mami» de El Símbolo, porque sienten que todo va para atrás. Quisieron entrar al Palacio de Gobierno a hablar con el gobernador Joaquín Díaz Mena o a dejar el documento que en la nota te comparto, pero no las dejaron. Pasen y lean:

¿Se escaparon de una película setentera? ¿O entré a un mundo paralelo? Porque ahí estaban hoy ellas: un grupo de mujeres -académicas, profesionales y activistas- y se manifestaban en las puertas de Palacio de Gobierno vestidas con colores fuertes, formas psicodélicas, motivos jipitecas y símbolos de la paz. Llevaban carteles que gritan falta de garantías de los derechos sexuales y reproductivos, falta de recursos para prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia e inoperancia de las instancias que deben cuidar a las yucatecas.

Y no… No regresé a los 70’s y hoy, en la previa del 25N, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las activistas del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, bailaron, cantaron y gritaron justicia en las puertas del Palacio de Gobierno al ritmo de dos rolas emblemáticas de distintas épocas: “De reversa, mami”, de El Símbolo y la emblemática “Stayin’ alive” de Bee Gees.

El mensaje que dan es claro: dicen que a pesar de todo “siguen vivas” y denuncian retrocesos (por eso van de reversa, mami) en la prevención y atención de las violencias en contra de las mujeres. Hoy, mientras el gobernador Joaquín Díaz Mena estaba en un evento en el patio del Palacio de Gobierno, pidieron ser atendidas, pero no las recibieron. Aquí te cuento los puntos que abordan en el documento que querían presentar:

Aquí te comparto el documento que las doctoras Gina Villagómez Valdés y Ligia Vera Gamboa, y las maestras Milagros Herrero Buchanan, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker Olvera, María Teresa Munguía Gil, Adelaida Salas Salazar y Leticia Murua Beltrán esperan compartirle al gobernador Joaquín Díaz Mena para avanzar en la eliminación de las violencias contra las mujeres en Yucatán. 

¿RETROCESOS?

¿TIEMPOS DE BACKING TIME?

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos pronunciamos para denunciar los retrocesos en los mecanismos de garantía de derechos que deben proteger a mujeres, niñas y adolescentes en Yucatán y exigimos acciones urgentes para revertirlos.

1. Falta de servicios especializados para mujeres, niñeces y adolescentes sobrevivientes de violencias.

Diversos reportes locales y estatales documentan recortes o reducciones en las partidas destinadas a la Secretaría de las Mujeres y a programas relacionados con prevención, atención a víctimas, VIH y refugios. Esto se traduce en una disminución de recursos para personal, programas de prevención, acompañamiento y para los refugios especializados. A nivel nacional, decisiones administrativas y propuestas presupuestales han fusionado el financiamiento directo a refugios, lo cual es señalado por organizaciones como un retroceso debido a la falta de claridad sobre la continuidad del programa.

2. Falta de garantías en el respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos.

En relación con políticas públicas y programas que deben emanar del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), si bien se ha documentado la instalación de algunos Grupos Municipales (GMUPEA), a la fecha no existen políticas claramente definidas en la implementación de la llamada Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas “Ruta NAME”, lo que ha llevado a la inacción, sobre todo en los municipios del interior del estado.

La articulación institucional irregular para la atención de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres encuentra obstáculos en resistencias socioculturales de diversosactores, y tiene como consecuencia la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la negativa al procedimiento o la falta de materiales e insumos para su realización por una parte, y por otra, la impunidad de quienes ejercen este tipo de violencia.

Resultado: incumplimiento de la NOM‑046‑SSA2‑2005 y ausencia de atención plena de la Ruta NAME. En tanto la IVE siga siendo criminalizada, el impacto en la salud integral de las mujere seguirá teniendo costos directos (morbimortalidad materna) e indirectos (económicos, entre otros). Exhortamos al Congreso del Estado a armonizar las leyes que garanticen y hagan efectivo en el discurso y la acción el acceso de las mujeres (niñas, adolescentes, mujeres) a una vida libre de violencias.

3. Falta de recursos para la prevención y la atención (jurídica y psicológica)

Aunque el discurso oficialista destaca avances, la realidad institucional muestra un debilitamiento sustancial en políticas, presupuestos y servicios esenciales para la prevención de la violencia y la atención a víctimas. Con el cambio a los “Centros Libres”, se ha dejado de brindar atención directa; actualmente en estos centros únicamente se canalizan los casos, como anteriormente ocurría. Los expedientes cuyos procesos en los Centros Violeta y similares estaban en curso han quedado desamparados, lo que ha implicado que muchos casos se den por terminados sin una atención plena.

4. Personal sin el perfil adecuado

Aun cuando la ley establece que el personal a cargo de las dependencias debe contar con el perfil adecuado, y en el caso de las instancias que atienden a mujeres, con experiencia en temas de género y violencia, esto no se refleja en diversas instituciones, particularmente en aquellas responsables de prevenir y atender la violencia. Como consecuencia, se observa una débil implementación de políticas con perspectiva de género.

5. Inoperancia de los consejos vinculados a la prevención y atención de la violencia

Los consejos ciudadanos tienen como función principal mediar entre la ciudadanía y el gobierno, promover la participación en la toma de decisiones y en la gestión de políticas públicas. No obstante, las últimas reuniones de los consejos relacionados con la prevención y atención de la violencia —incluyendo aquellos vinculados a embarazos en adolescentes— se han limitado a la presentación de actividades, sin análisis, deliberación o seguimiento.

También se observa falta de interés por parte de titulares de dependencias clave, especialmente de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) del estado.

Otra de las funciones de estos consejos es evaluar y dar seguimiento a políticas y programas públicos; sin embargo, se carece de indicadores que permitan llevar a cabo esa labor.

Implicaciones de estos retrocesos

Menor atención a víctimas: listas de espera más largas en atención psicológica, jurídica y médica; menor cobertura territorial.

Menos prevención: recortes a programas de educación y prevención aumentan el riesgo de violencia no detectada.

Precariedad en refugios: reducción de plazas, personal y servicios especializados.

Inseguridad jurídica en derechos reproductivos: la falta de armonización legislativa crea barreras en el acceso a servicios de salud y acompañamiento.

Evaluación general

Existen retrocesos concretos en la capacidad operativa de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres en Yucatán. La reducción presupuestal, la incertidumbre sobre la continuidad de refugios y la falta de claridad normativa generan una brecha cada vez mayor entre los marcos legales y la protección real.

Para garantizar una vida libre de violencias y discriminación, es urgente fortalecer la política pública con recursos suficientes, acciones sostenidas, transparencia y el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado.

EL TIEMPO ES HOY: URGE PASAR DEL DISCURSO A LA ACCIÓN. NO MÁS RETROCESOS.

Dra. Gina Villagómez Valdés, Dra. Ligia Vera Gamboa Mtra. Milagros Herrero Buchanan,

Mtra. Bertha Elena Munguía Gil, Mtra. Nancy Walker Olvera, Mtra. María Teresa Munguía Gil,

Mtra.Adelaida Salas Salazar, Mtra Leticia Murua Beltrán .-Cecilia García Olivieri.