Apoyadas por asociaciones civiles activistas, un grupo de trabajadoras sexuales se ampararon ante la Justicia Federal por las modificaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, que prohíbe este trabajo en la vía pública con sanción administrativa. Piden que la modificación queden sin efecto, políticas públicas y condiciones dignas de trabajo

El trabajo sexual no es delito en Yucatán. No es delito como la trata de personas, por ejemplo. Sin embargo, el 14 de septiembre pasado, entraron en vigencia diversas reformas al Reglamento de Policía y Bueno Gobierno de Mérida en el cual, en su fracción VI del artículo 15, establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública y su omisión será considerada una infracción administrativa.

Esto representaría una criminalización a los derechos establecidos en la Constitución, y es por eso que un grupo de trabajadoras sexuales se ampararon ante la Justicia Federal, apoyadas por grupos activistas y esperan una resolución del juez.

Ante el Juzgado Segundo de Distrito, 10 trabajadoras sexuales de Yucatán presentaron un juicio de amparo en octubre pasado, apoyadas por Unasse AC, Indignación AC, Yucatrans AC y Oasis San Juan de Dios AC.

En la sentencia de amparo concluyen que “No hay razón constitucional alguna por la que a las y los sexo servidores se les dé un trato distinto a quienes se dedican otro oficio, en el sentido de considerarla como una infracción administrativa y, por su parte, la autoridad administrativa, debe velar porque los y las sexo servidoras/es que se dediquen al oficio de la prostitución voluntariamente y puedan tener otras alternativas de vida y conozcan sus derechos”.

Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación AC, explicó hoy que “Criminalizar el ejercicio del trabajo sexual es discriminación a un grupo que necesita trabajar” e hizo hincapié en el que en el artículo 5 de la Constitución: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.y el trabajo sexual no es un delito en México, como te comentamos al principio.

“Hacemos un llamado al Poder Judicial Federal y a las autoridades de gobierno para que generen políticas públicas y condiciones dignas de trabajo para las y los trabajadores sexuales”, remarcó el abogado.

El juicio de amparo es en contra del Ayuntamiento, el alcalde Renán Barrera Concha y el jefe de la Policía Municipal Mario Romero Escalante.

Por su parte, Abigail Trillo, presidenta de Yucatrans, señaló que, ante toda esta situación, las trabajadoras sexuales se sienten “Carne de cañón”. “En otras administraciones hemos sido víctimas de detenciones, tener que pagarle favores a los policías y hasta sufrimos violaciones masivas en la cárcel. Es fundamental que se generen políticas públicas”, enfatizó.

Por ahora esperan la resolución de amparo, que pide que se suspendan inmediatamente las modificaciones al reglamento.- Cecilia García Olivieri.