Ejidatarios de municipios de Yucatán reclaman las arbitrariedades que empresarios inmobiliarios realizan en sus ejidos con compras de hectáreas por pocos pesos que venden luego a millones, presionando a los campesinos para despojarlos de ellas. Dicen que están coludidos con comisarios y autoridades agrarias. Piden que el presidente intervenga

La cita fue en la sede de Morena en Yucatán y el reclamo fue al presidente de México. Ejidatarios del movimiento “Frente de la Tierra de Yucatán ‘Felipe Carrillo Puerto’” y provenientes de distintos municipios del interior del estado denunciaron arbitrariedades y prácticas de despojos de tierras (“huachicoleo de tierras”, le dicen) por parte de empresarios inmobiliarios que, por pocos pesos, compran ejidos para venderlos por millones. No operan solos, dicen. Y acusan a comisarios ejidales y hasta a autoridades agrarias por no tomar cartas en el asunto.

Y desde la sede de Morena, ejidatarios de Ucú, Seyé, Acanceh, Muxupip, Izamal, Baca, Tecoh, Hoctún, Sinanché, Mérida (Cholul, Tamarindo), Maxcanú, Kanasín, Progreso (San Ignacio), Tunkas, Tetiz y Motul remarcan que le solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que designe una comisión nacional para que se encargue de visualizar y solucionar esta arbitrariedad a través de la cual afirman que empresarios compran una hectárea a $1, $2 o $3 para venderla luego a millones.

Ignacio Gil Campos es el tesorero del movimiento Frente de la Tierra de Yucatán “Felipe Carrillo Puerto” y pone un ejemplo: “Por siete hectáreas que compran en $30 mil sin existir comprobación fiscal o contable, la sacan a la venta en $8,570,000 y esta información se puede comprobar en publicaciones inmobiliarias en portales digitales”, afirma.

Están desesperados porque dicen que ninguna autoridad se ha preocupado en “meter en cintura” a los empresarios quienes, coludidos con los comisarios ejidales, se hacen pasar por ejidatarios en las asambleas. “Comprar tierra sin existir documento de transacción económica entre el ejidatario y el empresario, es ilegal y las autoridades hacen ojo de hormiga”, remarca.

Y también señala que los ejidatarios son intimidados, amenazados y engañados para vender. Se acercan a adultos mayores, viudas, personas sin familiares o aquellos que pasan una situación delicada de salud para exhortarlos a que vendan por poco dinero, sino pierden apoyos, por ejemplo.

Y el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria tampoco ayudan y si reclaman, las audiencias llevan meses y hasta años y no se resuelven. “Se muestran indiferentes al problema ejidal”, afirman.

También señalaron que le pidieron ayuda a Joaquín Díaz Mena, delegado federal, pero aún no tienen respuesta del funcionario.

“Pedimos que se evalúe el actuar de funcionarios del Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y Tribunal Unitario Agrario y le solicitamos al presidente López Obrador que envíe de México una comisión especial para atender este tema”, concluyó el representante del movimiento.- CGO.