Ya no hay excusas ni interpretaciones posibles: la ley es clara, la sentencia es firme y la obligación es ineludible. 

Así lo plantearon hoy personas de comunidades mayas, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara el mes pasado que el Instituto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) incurrió en omisión al no instalar la Defensoría Pública de los Derechos Políticos-Electorales. De esta forma, la ciudadanía quedó sin un un mecanismo gratuito de asesoría y defensa de sus derechos, aseguran. 

Los proponentes Juan Alberto Baas, Pilar Villarreal, Sergio Pereira, Bertha Pech, Hilda Díaz, Rosaura Ek y Silvia Chan se preguntan también qué hizo el IEPAC con el presupuesto asignado para la Defensoría y aseguran que no permitirán más excusas. 

Según la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Defensoría Pública debe funcionar antes de que empieza el proceso electoral de este año. Estamos pendientes.-Ceci García Olivieri.