Más de 57 mil firmas reunidas en distintos países del mundo fueron presentadas hoy por Amnistía Internacional a la Secretaría General del Estado de Yucatán a fin de que se visualice el caso de abuso policial que sufrió el menor José Adrián en Xcán en 2016. Esperan una reparación del daño, tanto para José Adrián como para su familia. Y que la justicia investigue urgente los hechos

Bien recibidos, escuchados y sobre todo con una luz de esperanza en el camino. Así se sintieron hoy martes los integrantes de Amnistía Internacional, quienes presentaron más de 57 mil firmas de personas de distintas partes del mundo a la secretaria general de gobierno María Fritz Sierra para mostrar la indignación de los hechos que vivió José Adrián, un adolescente de Xcán quien, en 2016, fue detenido arbitrariamente por la policía en su comunidad, golpeado y torturado y, hasta el día de hoy, el caso está en la impunidad total, sin diligencias ni investigaciones legales.

Las firmas reunidas por integrantes de Amnistía Internacional en distintos países del mundo tuvieron como finalidad demostrar la indignación por los hechos que vivió este chavo de 14 años. La justicia nunca realizó diligencias ni investigó lo que ocurrió el 25 de febrero pasado y las autoridades policíacas municipales involucradas en la detención y tortura, recién fueron removidas de sus puestos con el cambio de administración gubernamental, según explicó Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

José Adrián, quien padece una discapacidad auditiva, regresaba de la escuela el 25 de febrero de 2016 cuando fue detenido por la policía municipal de Xcan. Ese día un grupo de jóvenes había apredreado una patrulla y ese fue el motivo de detención de José Adrián, aunque según informan los integrantes de Amnistía Internacional, nunca estuvo involucrado en los hechos.

El joven fue golpeado, pisoteado fuertemente en el cuello, le quitaron parte de la ropa y lo esposaron para trasladarlo hasta Chemax. Allí lo colgaron por las esposas de una pared y fue golpeado y amenazado si incriminaba a alguien. Luego fue arrojado a un calabozo. Su familia fue obligada a pagar por su liberación un total de $2,500, así como una multa de $700 por daños a la patrulla que no ocasionó.

Aunque la familia de José Adrián interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado y la Codhey, no hay ningún avance ni investigación sobre el tema.

A la directora ejecutiva de Amnistía Internacional le preocupan tres temas sobre el caso. La primera es que la policía municipal nunca usó el protocolo homologado de detención y la segunda que en la Fiscalía no hay diligencias ni investigación sobre el caso (hoy a la reunión con María Fritz el fiscal no acudió).

“La tercera y la que más nos sorprende es que no hay una ruta de reparación para las afectaciones que ha pasado Adrián y su familia, quienes debieron mudarse de la comunidad por los hostigamientos de la misma policía y de parte de la comunidad que los acusaban”, detalló Tania.

Lo que solicitaron al Gobierno del Estado es que se rompa el ciclo de impunidad y que las autoridades contribuyan para que se investigue el caso.

“La reacción del gobierno fue de escucha, apertura y de abrir puertas a casos que si no tienen acompañamiento, se vuelven invisibles. Ahora vamos a ir al área de Atención a Víctimas para hablar del caso. La reparación del daño que solicitamos es que la autoridad pida disculpas públicas a José Adrián y su familia”, puntualizó la representante de Amnistía Internacional.

¿Y resarcimiento económico? Preguntamos. “Esperamos un resarcimiento económico pero no es prioridad. Acá la prioridad es el resarcimiento moral”, remarcó Tania.- CGO.